El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública ya ha iniciado el procedimiento para ponerla en marcha y beneficiará a 246.418 empleados de la Administración General del Estado.
La jornada de 35 horas semanales para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) podría implantarse a finales de febrero o principios de marzo, han señalado desde UGT después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública haya informado este miércoles a los sindicatos CCOO y UGT que ha iniciado el procedimiento para su implantación.
La nueva jornada laboral afectará a unos 246.418 empleados públicos de la Administración General del Estado, según el último Boletín Estadístico de personal de las Administraciones Públicas. Para implantarla, la Secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos, según ha informado el Ministerio.
Asimismo, Función Pública convocará la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de dicha modificación de la jornada a los subsecretarios y subdirectores de personal de los distintos departamentos ministeriales. Más tarde elevará la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos.
Recuperar la jubilación anticipada parcial
Por su parte, CCOO y UGT han valorado positivamente que se haya dado un paso adelante para la adopción de la jornada de 35 horas semanales, aunque han insistido en que también se aplique al personal de Instituciones Penitenciarias.
En tanto que Función Pública, que ha incidido en la necesidad de recuperar la jubilación anticipada parcial del personal laboral, ha accedido a buscar el instrumento normativo adecuado que así lo garantice. UGT y CCOO han exigido la recuperación inmediata y harán un llamamiento al Gobierno de España, así como a los grupos parlamentarios, para que actúen con responsabilidad y zanjen definitivamente un problema que está afectando “a miles de empleadas y empleados públicos, a quienes se les está negando un derecho, tanto en el terrero laboral, como en el funcionarial y estatutario”.
Ambas organizaciones han señalado que, una vez firmado el pasado día 26 el acuerdo para poner en marcha el anteproyecto de ley de Estatuto Marco Sanitario, es urgente concluir, también en el ámbito de la función pública, los compromisos de clasificación profesional de personal técnico superior y medio, un asunto recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, algo que comparte Función Pública.
Un retraso de tres años
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado que la jornada de 35 horas era un compromiso del Ministerio que llega “con más de tres años de retraso” y también ha recordado que queda pendiente el desbloqueo de la jubilación parcial anticipada, así como su regulación para el conjunto de los empleados públicos (funcionarios y estatutarios) y el desarrollo del teletrabajo.
El sindicato de funcionarios ha aplaudido que el Ministerio de Función Pública haya iniciado por fin el procedimiento para aplicar la jornada semanal de 35 horas, una medida que está implantada en la mayoría de las administraciones.
CSIF ha advertido de que esto es solo el comienzo, ya que ahora toca seguir desarrollando otros aspectos importantes del acuerdo marco como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada, la actualización de cuantías por razón de servicio o reforzar Muface y así lo trasladan mañana en la reunión de la Mesa General.
