En tiempos donde la política nacional convierte el ajuste en doctrina y reduce al Estado a una variable de gasto, defender su rol no es un gesto ideológico: es una obligación política y moral. Porque cuando el Estado se retira, no lo hace del papel, se va de la vida concreta de la gente. Se ausenta del hospital, del aula, del trabajo, del plato de comida y del futuro.
Hoy asistimos a un escenario en el que se naturaliza la idea de que el mercado puede reemplazar al Estado en áreas sensibles como la salud, la educación y el empleo. Pero la experiencia histórica y la realidad cotidiana desmienten ese relato. Allí donde el Estado se achica sin planificación, lo que crece no es la eficiencia, sino la desigualdad. Lo que desaparece no es el déficit, sino la protección social.
Elevar la vara en defensa del Estado implica discutir algo más profundo que una coyuntura económica. Significa preguntarse qué tipo de país se quiere construir y quiénes quedan adentro de ese proyecto. Un Estado ausente no es neutral: siempre perjudica a los mismos. A los que dependen de la escuela pública, del sistema de salud, de un salario que alcance y de políticas que equilibren una cancha históricamente desigual.
En este contexto, resulta imprescindible reivindicar un Estado que no sea sinónimo de burocracia ni de privilegios, sino de gestión, control y resultados. Defender al Estado no es defender errores del pasado ni prácticas que dañaron su credibilidad. Por el contrario, es exigir que funcione mejor, con transparencia, planificación y sentido social. Un Estado fuerte no es un Estado desordenado; es uno que sabe dónde intervenir y por qué.
Cuando desde el discurso nacional se promueve el retiro del Estado como solución mágica, se omite deliberadamente que las sociedades más justas y desarrolladas no son aquellas que prescindieron del sector público, sino las que lo fortalecieron con reglas claras, control democrático y objetivos de largo plazo. La educación pública, la salud accesible y el trabajo digno no son gastos: son inversiones que sostienen la cohesión social.
Elevar la vara también implica no caer en la comodidad de la crítica fácil. Defender al Estado exige hacerse cargo de gobernar en contextos difíciles, administrar recursos escasos y priorizar. Requiere coraje político para decir que no todo puede quedar librado al mercado y que hay derechos que no se negocian.
En tiempos de ajuste y discursos que celebran la desaparición del Estado, sostener su rol como garante de la salud, la educación y el trabajo no es nostalgia ni romanticismo. Es una posición profundamente moderna, porque entiende que no hay desarrollo posible sin inclusión y que no hay futuro sin un Estado presente, eficiente y comprometido con su gente.
Elevar la vara, en definitiva, es no resignarse. Es defender al Estado no como un fin en sí mismo, sino como la herramienta indispensable para que la dignidad no sea un privilegio y para que el progreso no sea solo para unos pocos.
