La línea que bajó desde la cúpula del Gobierno hacia el ala política es la defensa del déficit fiscal a rajatabla. No cederán ante las demandas en torno a la coparticipación e insistirán con el recorte de obra pública y la reforma electoral que, dicen, representaría un ahorro de 3700 millones de pesos
El rally de funcionarios técnicos y políticos que pasaron ayer por la Casa Rosada, para reunirse con Santiago Caputo y Guillermo Francos y discutir la letra fina del Presupuesto, estaba orientado a que el Gobierno analizara ceder en algunos de los puntos que exigían los gobernadores. Pero en cuestión de horas, ese análisis de los números finos derivó en una negativa rotunda del oficialismo a, siquiera, tratar el tema en comisión. Y luego de la caída de la reunión parlamentaria en la que se esperaba lograr dictamen, el Gobierno endureció la postura. La consigna “no hay plata”, una vez más, se transformará en el eje rector de las conversaciones que se aproximan y todavía no tienen fecha concreta.
En las primeras horas del martes post-feriado los libertarios estaban dispuestos a ver hasta cuánto podían conceder en las erogaciones exigidas por los gobernadores. En el transcurso de la mañana, en la previa de la reunión de comisión que estaba prevista para las 14, recorrieron los más importantes despachos y pasillos de Balcarce 50 el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, el único de ellos con oficina en la Casa Rosada.
Milei estaba preparando en ese momento su regreso del viaje que realizó a Río de Janeiro para participar del G20, y el liderazgo de las conversaciones quedó en manos de su asesor, Santiago Caputo, que recibió a varios de esos funcionarios en su despacho en el primer piso de Balcarce 50. Y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que habló personalmente con “Lule” Menem, temprano.
Los funcionarios de las distintas áreas llevaban carpetas con los pedidos de los gobernadores, que giraban en torno a ajustar los ítems de la coparticipación en temas diversos -como el impuesto a los combustibles-; los Aportes del Tesoro Nacional, y las transferencias a las cajas previsionales provinciales, entre otros puntos.
El Gobierno analizó esas demandas hasta el filo de la reunión de comisión, pero decidió a último momento que eran “excesivas” e hizo caer el encuentro formal en el Congreso para decidir los cambios que se exigían. “Los gobernadores quieren parte de la coparticipación. Eso es plata que no tendría el Estado para mantener el superávit fiscal. Lo que les planteamos es que digan de dónde sacar la plata”, dijeron esta tarde en Balcarce 50.
En el entorno de Milei hay cierto grado de preocupación por el mensaje que implicaría dar a los mercados el hecho de no haber podido consensuar un Presupuesto. Pero esa inquietud no alcanza para que cedan en el inamovible plan de mantener, a toda costa, el equilibrio en las cuentas públicas.
Las conversaciones, que vienen avanzando hace semanas, volvieron a foja cero. Y altos funcionarios cercanos al jefe de Estado dijeron que sólo harán cambios en caso de que los gobernadores acepten que se frenen las obras públicas que están pactadas en acuerdos con las provincias, pero que no están iniciadas -hay alrededor de 400 en total, de las cuales sólo 100 ya están en marcha-. “Piden 3700 millones de dólares. Si nos quieren sacar recursos, nos tienen que decir de dónde los vamos a extraer para no perder el equilibrio fiscal”, sostuvo un estrecho colaborador del Presidente.
Además de la obra pública, el Ejecutivo aprovechó para colar en la discusión del Presupuesto la reforma electoral que no habían logrado aprobar durante el debate de la ley Bases y que anunciaron, con cambios, el viernes. Por ahora no la giraron al Congreso, pero según calculan, si se sancionara significaría un ahorro para el Estado de unos 350 millones de pesos, a partir de la eliminación de las PASO y de los aportes extraordinarios para los partidos políticos.
“No damos por muerto nada, esto sigue”, dijeron. Pero admitieron que por ahora no existe ninguna reunión prevista para continuar las negociaciones. Por su parte, los gobernadores evaluarán puertas adentro si están dispuestos a respaldar al oficialismo a pesar de la intransigencia frente a sus reclamos. En principio, tienen un margen de acción acotado frente a un Gobierno que se encuentra en alza ante la opinión pública. De hecho, todos los mandatarios del interior se cuidaron durante las últimas horas de criticar al primer mandatario, en la línea del silencio total que cumplen desde hace meses.
Como dijo Espert el martes por la tarde, los libertarios siguen abiertos a negociar, y no descartan llamar a sesiones extraordinarias para sacar el Presupuesto. Pero no darán el brazo a torcer y por ahora, dejaron de analizar los números finos que les presentaron los gobernadores y que los desvelaron hasta el mediodía, cuando se cayó el encuentro donde se podría haber obtenido dictamen. “La estabilidad fiscal no se toca”, resumieron en las cercanías de Milei.