El proyecto impulsado por Delcy Rodríguez abarca los 27 años de gobierno chavista y también deja fuera crímenes de lesa humanidad.
El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El proyecto incluye a los acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, delitos que fueron imputados normalmente a presos políticos.
Además, incluye la revocación de inhabilitaciones políticas, que en principio beneficia a la líder opositora y nobel de la Paz, María Corina Machado, impedida de enfrentar al depuesto Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
“Quedarán sin efecto aquellas inhabilitaciones de aquellos funcionarios públicos por hechos ocurridos entre 1999 al 2026, cuando se establezca que no se cometió un hecho de corrupción o por inexactitudes que hayan sido subsanadas”, afirma el proyecto.
La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.
La presidenta dijo que esta ley de amnistía servirá para sellar la “paz” y la “reconciliación” en este país históricamente polarizado. “Ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento venezolano, la primera discusión de la Ley de Amnistía, que es una ley para la paz y para la reconciliación nacional”, dijo en una alocución en la TV estatal.
Tras la aprobación en primera instancia, se espera que el martes o jueves de la semana próxima se debata el proyecto en una segunda y definitiva sesión.
La primera discusión abordó el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.
“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, dice el texto de justificación legislativa.
“Quedan excluidos de sus beneficios” delitos como “las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”, añadió.
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.
“Justicia” y “convivencia”
Analistas destacaron la presencia en el recinto de diputados del chavismo duro en la comisión que revisará y ajustará este proyecto, entre los que están Pedro Infante, Pedro Carreño, Iris Varela y Tania Díaz, quienes se caracterizaron por tener posiciones inflexibles hacia la oposición. En esa comisión, la oposición quedó con representación, pero minoritaria.
La presidenta propuso hace una semana una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder.
“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político. Esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad”, dijo el miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y actualmente primero en la línea de sucesión.
El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral.
“La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos”, indicó el texto de justificación, que apuesta por “la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad”.
El debate llega al Parlamento en paralelo a un nuevo proceso de diálogo político entre el gobierno y una fracción de la oposición distanciada del ala que lidera la nobel de la Paz, María Corina Machado.
Otros procesos de negociación fracasaron en el pasado. Una fuente que estuvo en la primera reunión destacó un tono “menos arrogante” en el chavismo ante la presión de Estados Unidos, que habla de transición democrática. La oposición que participó en el encuentro quiere nuevas elecciones, aunque no las apura.
El proyecto de ley se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.
