La CGT Zona Sur y los sindicatos SIPGER, Luz y Fuerza Cuenca Carbonífera, ATE Seccional Río Turbio, La Fraternidad y A.P.S.PyT expresan su enérgico repudio al desmedido incremento en las tarifas de luz y gas implementado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en los últimos meses.
Este ajuste tarifario ignora los principios básicos de razonabilidad y gradualidad, y demuestra un absoluto desprecio por las realidades económicas y sociales de nuestra región. El impacto de este tarifazo es significativamente mayor en la Patagonia que en el resto del país.
Una vez más, quienes nos gobiernan desde Buenos Aires parecen desconocer las condiciones climáticas de nuestras localidades, que son realmente adversas la mayor parte del año y conllevan un costo de vida mayor al de otras provincias. Lamentablemente, el Gobierno Nacional ha optado por un ajuste insensible que recae sobre los sectores más vulnerables, mientras favorece descaradamente a las grandes corporaciones a las que solo les importa maximizar su rentabilidad sin ningún tipo de límite.
Las consecuencias de este nuevo esquema tarifario son alarmantes: cientos de miles de familias enfrentan hoy costos insostenibles, viéndose obligadas a elegir entre cubrir necesidades básicas, como poner un plato de comida en la mesa, o pagar las tarifas de gas y luz. Esta situación no solo impacta en la calidad de vida, sino que obliga a trabajadores y jubilados a hacer sacrificios en aspectos esenciales de su vida cotidiana para llegar a fin de mes.
El ahorro forzado en energía y calefacción no solo vulnera la calidad de vida de nuestros trabajadores, sino que pone en grave riesgo su salud y bienestar. En una región como la nuestra, donde el frío extremo es una constante y la calefacción es una necesidad vital, cualquier reducción en el uso de energía equivale a exponer vidas al peligro. Este mismo riesgo se extiende al uso de la electricidad, que es esencial no solo para la conectividad, sino también para el desarrollo cotidiano del trabajo, la educación y el hogar, en un entorno donde los días son cortos y las noches interminables.
Ignorar esta realidad es condenar a vastos sectores de la población a la precariedad extrema, y desatender las necesidades básicas de nuestras comunidades. Pensemos en un hogar soportando temperaturas de 15 grados bajo cero, azotado por vientos de 50 km/h, sin acceso a calefacción ni luz, porque las empresas decidieron cortar el suministro por falta de pago. La política del gobierno nacional, al avanzar en la
eliminación de subsidios energéticos, prioriza las ganancias de las grandes empresas, deshumanizando la cuestión energética. No consideran la energía como un derecho esencial, sino como un bien de mercado, bajo una lógica cruel: “quien pueda pagar, accede; quien no, queda excluido”. Esta visión mercantilista desconoce las realidades sociales y económicas de los sectores más vulnerables, profundizando la desigualdad y el abandono. Hoy por hoy, tenemos un modelo energético oligopólico e injusto, caro e improductivo, que genera pobreza energética, desigualdad que vuelven caro el sistema y dejan afuera a miles de santacruceños.
Por eso es necesario reiterar una vez más: EL ENFOQUE ADOPTADO POR EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ES PROFUNDAMENTE ERRÓNEO Y PERJUDICIAL PARA LA SOCIEDAD. No se puede resolver la crisis económica destruyendo las bases de nuestra comunidad.
Las PyMEs y los comercios, responsables de más del 75% del empleo privado en Argentina y pilares fundamentales del desarrollo local, enfrentan hoy una amenaza existencial debido a las políticas tarifarias inadecuadas implementadas por el gobierno nacional. Estas medidas no solo sofocan la capacidad de estas empresas para operar, sino que, de continuar, conducirán inevitablemente al aumento del desempleo, debilitando nuestras economías regionales y fortaleciendo la concentración económica, potenciando los desequilibrios y los déficits estructurales.
El impacto de este tarifazo va más allá del ámbito económico, del mundo de los negocios. Organizaciones vitales para la cohesión social, como ONGs, clubes de barrio, asociaciones civiles, vecinales, iglesias y cultos, también están al borde del colapso. Estos espacios, que son el corazón de la integración y el apoyo comunitario, cumplen un rol esencial en la contención y generación de oportunidades para miles de familias santacruceñas. Las tarifas desmedidas impuestas a estas entidades no solo amenazan a sus usuarios, afiliados y asistentes, sino que debilitan el tejido social en su conjunto. Lo que está en juego aquí no es solo la viabilidad económica, sino la salud y la estructura de nuestras comunidades, que dependen de estos espacios para su bienestar y desarrollo.
Los trabajadores son los que más sufren el impacto directo de estas políticas: salarios que ya eran insuficientes se ven devorados por el aumento de los servicios esenciales, PyMEs que despiden, comercios que cierran, menor poder adquisitivo, aceleración de la recesión, mientras que las grandes corporaciones energéticas se enriquecen bajo un modelo de desregulación neoliberal que solo profundiza las inequidades.
Al igual que en los gobiernos de Macri y Fernández, los funcionarios de Milei no han logrado determinar el costo real del gas en cada cuenca productiva. Según datos del Instituto Argentino de Energía, el costo de producción varía significativamente entre las cuencas Neuquina, Austral y Noroeste, pero esta información no se refleja en los
precios finales. En lugar de establecer un precio basado en estos costos, se ha permitido que las petroleras y las empresas del sector fijen los precios de manera arbitraria. Esta falta de regulación y transparencia no solo afecta a los consumidores, sino que también distorsiona el mercado energético, beneficiando a unos pocos a expensas de la mayoría.
El aumento desmesurado de las tarifas energéticas ha golpeado con especial dureza a los sectores residenciales y comerciales, exacerbando una crisis que amenaza con devastar la economía local. En el caso de los comercios, la situación es crítica: enfrentan una rentabilidad cada vez más ajustada, presionados por un aumento imparable de los costos operativos y una abrupta caída en las ventas. Las facturas de electricidad han experimentado incrementos alarmantes, que oscilan entre el 300% y el 600%, imposibilitando cualquier previsión financiera y asfixiando la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para sostenerse.
Desde junio de 2024, los habitantes de Santa Cruz han sido testigos de un impacto aún mayor en el costo del gas natural, con un aumento del 1409%, que ha llevado el gasto de 351 millones de pesos en ese mes a un exorbitante 5.380 millones en agosto. Este incremento no solo afecta el gas natural, sino que se extiende también al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y su transporte, empeorando aún más la difícil situación de miles de usuarios. Incluso la garrafa social, un recurso esencial para los sectores más vulnerables, ha sufrido incrementos que profundizan la crisis energética que atraviesa la región. Este esquema tarifario, injusto y desmedido, no solo vulnera los derechos básicos de los ciudadanos, sino que pone en peligro la supervivencia misma de quienes más dependen de estos servicios.
Es importante tener en claro que ya en las facturas de gas de mayo, los usuarios tuvieron que enfrentar un triple ajuste. Primero, se autorizó un aumento del precio del gas para el período mayo-septiembre, afectando directamente a los hogares sin subsidios, comercios e industrias, con un salto de u$s2,89 por MBTU a u$s4,43 por MBTU. Segundo, la dolarización del gas, que implica un aumento directo actualizado cada 30 días según el crawling peg estipulado por el BCRA. Tercero, un nuevo esquema de remarcación mensual que incrementa los ingresos de las distribuidoras y transportadoras según una fórmula que combina la variación del índice salarial, la inflación mayorista y el costo de los materiales de construcción.
Las resoluciones 90, 91, 92 y 93, firmadas por el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, formalizan los aumentos desmedidos en los cargos fijos y variables de las facturas residenciales.
Esta desregulación permitió a las transportadoras y prestadoras de servicios de fijar aumentos mensuales sin ningún tipo de límite.
La provincia de Santa Cruz, que había logrado un amparo judicial para frenar los aumentos, sufrió un nuevo revés cuando la Justicia dio marcha atrás, acogiendo la apelación presentada por ENARGAS y la empresa CAMUZZI, lo que permitió que los aumentos siguieran impactando gravemente en la población. Aquí surge otro tema importante: aunque el gobierno provincial le ordene a Distrigas detener los aumentos o suspender los cortes por falta de pago, en Río Gallegos y otras localidades es CAMUZZI quien tiene la potestad de hacerlo. La empresa provincial carece de capacidad para intervenir o frenar allí esas acciones.
El Gobierno que conduce el gobernador Claudio Vidal también impulsó la Ley de Emergencia Energética (Ley 3.849) con el propósito de proteger a los santacruceños, pero esta medida se ha mostrado insuficiente frente al ataque sistemático contra los derechos de los usuarios. Además, instruyó en la última semana para que, en los próximos días, y por un periodo de tres meses, se implemente un subsidio destinado a las familias más vulnerables que no puedan afrontar el consumo de gas en sus hogares, buscando mitigar los efectos del tarifazo.
A través de este comunicado hacemos un llamado a la oposición política para que actúe con responsabilidad y no promueva pedidos o acciones demagógicas que usen las necesidades de los santacruceños como herramienta política. El proyecto de ley presentado por el bloque de UxP es irrealizable y carente de prudencia, al proponer subsidios que son económicamente insostenibles y, en muchos casos, inaplicables. El gobierno provincial ya está haciendo un gran esfuerzo para enfrentar los aumentos tarifarios, los cuales son una consecuencia directa de las malas políticas implementadas por gobiernos anteriores, de los cuales ese sector político fue parte. Implementar estas propuestas imprudentes duplicaría el déficit mensual que ya enfrenta la provincia, agravando aún más la situación financiera.
Es fundamental tener en cuenta que los ingresos provinciales se han visto seriamente afectados por la disminución de la coparticipación, la caída de las regalías y la eliminación de programas nacionales que antes se recibían.
Desde Distrigas S.A., se han explorado y presentado múltiples alternativas, tanto legales como técnicas, para que los aumentos desmedidos no recaigan directamente sobre el bolsillo de los ciudadanos. Entre estas medidas se destacan las modificaciones tarifarias para comerciantes y la compra anticipada de GLP, con el fin de prevenir incrementos y asegurar el abastecimiento en las localidades más afectadas.
Tanto el Gobierno Provincial como Distrigas y los gremios aquí reunidos hemos denunciado públicamente estos aumentos tarifarios, que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, y continuarán haciéndolo. El compromiso de todos
es trabajar de manera conjunta para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias que permitan mitigar el impacto de estas tarifas abusivas.
La situación es insostenible y no vamos a quedarnos callados. Convocamos a toda la comunidad a movilizarse y a sumarse a las acciones que tomaremos para detener este atropello y defender los derechos del pueblo. Exigimos el fin inmediato de los aumentos tarifarios, la implementación de una política energética que contemple las particularidades de las provincias patagónicas dada las condiciones climáticas y geográficas que vuelven vital su utilización, y la aplicación de una tarifa justa en Santa Cruz, respetando su condición de provincia productora de energía con reglas claras.
Le recordamos al presidente Milei, a sus ministros y secretarios, que ese gas que hoy aumentan sale de las entrañas de esta zona con clima hostil, con el enorme aporte de trabajadores y sus familias que día a día se esfuerzan para que nuestro país salga adelante. Merecemos respeto.
Si el Gobierno Nacional continúa con este ajuste desmedido, nos encontrará en las calles, luchando en defensa de nuestros derechos. No permitiremos que las políticas de ajuste destruyan nuestra región. Esta lucha es por la justicia y por un país que incluya a todos, especialmente a los más vulnerables.
¡La lucha sigue, no permitiremos que avasallen nuestros derechos!
Los gremios que firman el presente documento son:
Rafael Güenchenen (SIPGER)
Marcelo Ojeda (APAP y CGT Zona Sur)
Marcos Vellio (UPCN y CGT Zona Sur)
Miguel Paris (SUTEP)
Ariel Cárcamo (SADOP)
Luis Beltrán Santillán (AMET)
Luis Beltrán Santillán (AMET)
Cristian Basualdo (UPSAP)
Rubén León (Panaderos)
Navarro Marcos (Luz y Fuerza)
Marco Navarrete (Luz y Fuerza)
Luis Avendaño (Luz y Fuerza)
Julio Martínez (Luz y Fuerza)
Carlos Vedia (Luz y Fuerza)
Antonio Flores (ATE Río Turbio y CTA-T Santa Cruz)
Aldo Heredia (ATE Río Turbio y CTA-T Santa Cruz)
Natalia Avilez (Si.T.O.S Región Sur)
Walter Tajez (La Fraternidad)
Jorge Rodríguez (A.P.S.PyT)
Pablo Mercado (A.P.S.PyT)