El oficialismo se ilusiona con que el máximo tribunal dilate la definición sobre la causa Vialidad. Si se confirma la condena, la expresidenta quedaría inhabilitada para competir en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
Una reunión clave está prevista para el martes próximo en la Corte Suprema de Justicia. Contra lo que se pensaba inicialmente, lo que parecía improbable ahora podría concretarse: una decisión del máximo tribunal que ratifique la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Esa resolución —si se diera en el corto plazo— inhabilitaría a la expresidenta a ser candidata a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires. En ese tablero, La Libertad Avanza juega su propia estrategia: la quieren en la cancha.
Es por eso que la Casa Rosada ya activó negociaciones y presiones activas sobre los jueces del tribunal. El Gobierno no quiere que se concrete una condena firme contra Cristina en este momento. Consideran que lo ideal es confrontarla en las urnas en las legislativas.
Según pudo saber TN, los operadores de la negociación son el senador Eduardo “Wado” de Pedro por el lado del kirchnerismo; y el asesor presidencial Santiago Caputo, quien concentra buena parte de las decisiones políticas de Javier Milei.
La presión sobre los ministros de la Corte es fuerte. Actualmente, el tribunal tiene tres miembros en funciones —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— y necesita que los tres coincidan en la misma postura para emitir una sentencia. Al menos dos de ellos ya habrían decidido ratificar la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Falta el tercero.
Las versiones varían: hasta el jueves se hablaba de que Rosatti y Rosenkrantz estarían definidos y Lorenzetti aún dudaba; ahora se dice lo contrario: Lorenzetti ya estaría alineado y Rosenkrantz tendría reparos.
El debate central gira en torno a si corresponde dejar firme la sentencia tal como la dictó la Cámara de Casación —seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos— o si corresponde revisarla en profundidad. Todo se definirá el próximo martes.
Pero la decisión no es solo jurídica. El contexto político influye. Y el oficialismo necesita que Cristina siga habilitada electoralmente. De ahí la insistencia en postergar cualquier definición judicial que implique su inhabilitación.
Esta negociación entre los libertarios y el kirchnerismo no es la primera. El oficialismo ya acordó con Cristina frenar el tratamiento de la ley de Ficha Limpia a cambio de que no avance la investigación contra Milei por el escándalo de la criptomoneda Libra. Ese pacto, más que evidente, ya quedó expuesto públicamente en el Congreso.
Si la Corte finalmente decide postergar la condena hasta después del momento en que la candidatura de Cristina sea oficializada por la provincia, ella quedaría indemne: para ese momento habría adquirido fueros y no podría ser detenida.