La medida fue dispuesta por la gestión de Javier Milei tras detectar presuntas irregularidades financieras y operativas. El gobernador Gustavo Melella rechazó la decisión, la calificó de “irresponsable” y aseguró que el puerto funciona con normalidad en plena temporada de cruceros.
El Gobierno nacional resolvió intervenir el puerto de Ushuaia por el plazo de 12 meses, en el marco de una auditoría que, según fuentes oficiales, detectó irregularidades financieras, desvíos de fondos y riesgos operativos en la principal terminal marítima de Tierra del Fuego.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 4/2026 y establece que la administración del puerto quedará a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que asumirá el control mientras se realizan nuevas inspecciones y se evalúa si corresponde mantener o levantar la intervención una vez cumplido el plazo.
Desde Nación señalaron que las inspecciones realizadas en 2025 detectaron deficiencias en infraestructura, señalización, cumplimiento de protocolos de seguridad y en la dotación de personal técnico. También advirtieron sobre un bajo nivel de inversión y un desbalance entre los préstamos otorgados y los recursos disponibles para obras, lo que —según el diagnóstico oficial— podría comprometer la sostenibilidad del puerto a futuro.
Además, el Gobierno cuestionó la creación de un fondo provincial para cubrir deudas de la obra social fueguina con excedentes portuarios, al considerar que podría afectar la autonomía financiera del puerto y su capacidad operativa.
La medida se conoce en plena temporada alta de cruceros, período clave para la economía local. En ese contexto, el gobernador Gustavo Melella salió al cruce de la intervención y aseguró que el puerto “opera con normalidad” y que no existen problemas de seguridad ni de infraestructura que justifiquen la decisión.
“El Puerto de Ushuaia atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. Funciona con estándares de excelencia en seguridad y servicios”, afirmó el mandatario provincial, quien además adelantó que la Provincia recurrirá a la Justicia para cuestionar la medida.
Melella también informó que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, en busca de una salida institucional que garantice previsibilidad para los trabajadores y para los sectores vinculados al turismo, la logística y el comercio marítimo.
Mientras tanto, el Gobierno nacional remarcó la importancia estratégica del puerto fueguino como puerta de entrada a la Antártida, nodo logístico clave para el sur del país y punto central para el turismo internacional de cruceros.
